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En el marco de la reciente crisis institucional que se encuentra atravesando el Poder Judicial de Santa Cruz tras la resistencia por parte de algunos magistrados a la Ley promulgada en la Cámara de Diputados provincial para la ampliación del número de vocales que componen el Tribunal, los jueces de la Nación hicieron lugar al reclamo de la administración del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, aceptando el recurso de queja oficial y desestimando las impugnaciones que pretendían frenar su intervención. Con esta medida, la Corte centraliza la disputa y se posiciona como el árbitro final para normalizar el funcionamiento de la máxima instancia judicial de la provincia.

 

La resolución exige que se envíen de inmediato a Buenos Aires todas las actuaciones ligadas a la Ley 3.949. Esta normativa, eje del plan de transformación del gobernador Claudio Vidal, propone elevar de cinco a nueve el número de integrantes del máximo tribunal santacruceño. La iniciativa busca neutralizar el cerco jurídico tendido por los jueces de extracción kirchnerista Paula Ludueña, Reneé Fernández, Fernando Basanta y Alicia Mercau, quienes habían dictado sentencias para invalidar la ley y proteger una conformación que el actual Ejecutivo califica como un refugio de parcialidad política.

 

Tras la absorción del expediente por parte de la Corte Nacional, el litigio se encamina hacia una definición sobre la legitimidad de las facultades legislativas para reestructurar el sistema de justicia. Desde la Casa de Gobierno confían en que los magistrados nacionales ratifiquen la potestad de la provincia para renovar sus instituciones, poniendo fin a un ciclo de dominio de sectores que, de acuerdo al planteo del Ejecutivo, priorizaron la lealtad partidaria por sobre la imparcialidad que demanda el cargo.

 

El desenlace de esta controversia no solo determinará quiénes conducirán los tribunales en Río Gallegos, sino que también fijará los límites de la autonomía provincial ante las resistencias de las estructuras judiciales preexistentes. Para la gestión de Vidal, este escenario en la instancia nacional constituye un avance decisivo para dotar a Santa Cruz de un servicio de justicia transparente, eficiente y desligado de los condicionamientos que marcaron las últimas décadas.

 

 

Autor: admin