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Emma es una pequeña de cuatro años de la ciudad de Río Gallegos y quien nació con Síndrome de Down y apraxia, un trastorno neurológico que impide la realización de movimientos voluntarios, aprendidos y secuenciales como es el habla. La niña se encuentra atravesando una etapa clave para su desarrollo: antes y durante los cuatro años de edad es cuando más se debe estimular el habla y la comunicación pero Emma, debido a su apraxia, no puede hacerlo.

 

Su madre, Romina, explicó que la principal dificultad del trastorno radica en que es “ un trastorno motor en la organización y la planificación del cerebro para realizar los movimientos específicos que necesita la boca para poder hablar. El puente entre el cerebro y su mandíbula, su lengua y sus labios está alterado. Entonces, ella sabe lo que quiere decir, pero cuando lo tiene que decir no le sale o la palabra, la sílaba o el sonido, sale alterada”, detalló a un medio local.

 

Tras ser vista por un neurólogo, éste le indicó que debía realizarse un tratamiento intensivo en el Centro Fonakids con el método PROMPT que debe extenderse a lo largo de seis semanas, dos veces al año. Su madre, ante la imposibilidad de poder costear un tratamiento tan costoso, solicitó a su obra social OSDE que realice la cobertura: “Hay antecedentes de que se ha cubierto, pero como son tratamientos muy costosos, la única manera que tenemos las familias para que las obras sociales lo puedan cubrir es a través del recurso de amparo”, indicó y, si bien llevaron adelante este recurso de amparo de salud, el Juzgado Civil y Comercial Federal N°4 Secretaría N°8 se declaró incompetente basándose en el domicilio del centro terapéutico, en la provincia de Buenos Aires.

 

 

En el mes de octubre del año 2025, la familia interpuso un recurso de apelación. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, por su parte, consideró que el mismo estaba mal concedido porque el Juzgado N°4 apeló directamente sobre la competencia sin saber de qué tipo de proceso se trataba a lo que la Cámara se expidió y definió que aún no podía resolverlo ya que el Juzgado debería haberse expedido si se trataba de un amparo. Ante esto, el expediente se elevó a la Justicia Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, quien también rechazó la competencia. El Juzgado de origen insistió en su postura y decidió elevar la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la Procuración General de la Nación señaló que no correspondía a la Corte resolver el conflicto de la competencia, sino que eso debería hacerlo la Cámara Civil y Comercial Federal.

 

El pasado 3 de marzo la Defensoría General de la Nación indicó que la medida cautelar nunca fue resuelta y reclamó urgencia y, tras esto, el abogado de la familia fue recibido en la Corte Suprema y le aseguraron que dentro de dos semanas se expedirán al respecto.

 

“Lo más lamentable de todo esto es que las familias tengamos que invertir tiempo en esto, que tengamos que visibilizar y exponernos de esta manera, cuando le corresponde a la justicia, velar por los derechos de las personas con discapacidad.  Es lamentable”, expresó la mamá de Emma. 

 

Autor: admin