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La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca readecuar de manera integral el régimen de Zona Fría, el mecanismo fiduciario que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas residencial. La intención del oficialismo es retrotraer el sistema a los parámetros geográficos de 2002, lo que significa que el beneficio dejará de aplicarse en las regiones templadas del centro y norte del país que se habían incorporado en 2021, limitando la cobertura exclusivamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe.

 

 

Para Santa Cruz, este recorte territorial trae un alivio inicial, ya que al ser una de las provincias con los inviernos más rigurosos del país, la continuidad del beneficio por razones climáticas está plenamente garantizada en el texto de la ley. Sin embargo, la letra chica de la reforma genera una marcada preocupación en el territorio santacruceño respecto al impacto económico que sufrirán los usuarios locales de manera indirecta.

 

 

El principal perjuicio para los hogares de Santa Cruz radica en los cambios técnicos que propone el nuevo esquema. El Gobierno nacional busca que la compensación se calcule únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no sobre el costo total de la tarifa, que incluye también los márgenes de transporte y distribución. De aplicarse este cambio, aunque la provincia conserve el beneficio de la Zona Fría, el descuento real en la boleta final que pagan los vecinos será sustancialmente menor al actual, encareciendo el costo de vida en una región donde el gas es un recurso vital de supervivencia.

 

 

Por otro lado, el argumento central del proyecto advierte que el Fondo Fiduciario que financia estas compensaciones se encuentra desbordado económicamente, lo que obliga al Tesoro Nacional a cubrir el déficit de forma recurrente. Al retirar del sistema a millones de usuarios de provincias populosas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el Ejecutivo busca sanear las cuentas públicas. No obstante, la discusión mantiene en alerta a la dirigencia santacruceña, ya que el debate por el costo fiscal de la energía vuelve a poner bajo la lupa la sustentabilidad de un régimen histórico y esencial para el sur argentino.