Crimen de Cepeda: dictaron prisión preventiva para Marcelo Curtti
La investigación por el brutal asesinato y desmembramiento de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años cuyos restos fueron hallados el pasado 10 de mayo en esta capital, registró un avance medular en los tribunales santacruceños. El juez de Instrucción, Gerardo Giménez, resolvió dictar el procesamiento con prisión preventiva para Marcelo Félix Curtti, sindicado como el autor material del macabro hecho.
Para el magistrado, existen pruebas y elementos de convicción suficientes en esta etapa de instrucción para atribuirle a Curtti la presunta autoría del delito de homicidio criminis causa (artículos 45 y 80 inciso 7° del Código Penal Argentino). Esta figura legal, que presupone que el asesinato se ejecutó para facilitar, cometer u ocultar otro ilícito -o bien para lograr la impunidad- es la misma que recibió la condena a perpetua en 2024 para los asesinos del exsecretario Fabián Gutiérrez. Además de asegurar la permanencia del imputado en prisión para evitar riesgos procesales, el juez dispuso un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes del procesado.
El avance de la causa penal permitió reconstruir parte de la cruenta mecánica del crimen. Los resultados de la autopsia revelaron que Cepeda falleció a causa de una profunda herida punzocortante en la zona del cuello. Posteriormente, su cuerpo fue descuartizado con el aparente propósito de facilitar el traslado y posterior ocultamiento de los restos.
A partir de allí, la recolección de testimonios, análisis de cámaras de vigilancia y peritajes criminalísticos centraron las sospechas en Curtti. No obstante, el expediente sumó una nueva línea de tensión luego de que la querella solicitara formalmente la detención de otros dos hombres. Se trata de las dos personas que habían sido demoradas originalmente durante los primeros allanamientos ordenados en las calles Cantarutti y Cañadón León, cuando Cepeda aún permanecía desaparecido.
Aquellos operativos iniciales se habían activado luego de que los bancos reportaran movimientos sospechosos con las tarjetas del vecino damnificado. En uno de esos domicilios, los investigadores incautaron el Documento Nacional de Identidad (DNI) y los plásticos bancarios de la víctima. En su momento, los implicados se defendieron alegando una supuesta justificación fortuita: “Nosotros solo encontramos la tarjeta y la usamos”.
Con el pedido de captura de estos dos sospechosos sobre la mesa del juez Giménez, las autoridades judiciales y policiales intentan determinar si existieron complicidades, encubrimientos o participaciones secundarias en lo que ya se consolidó como uno de los homicidios más estremecedores de la historia delictiva reciente de Río Gallegos.
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