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La ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz trajo un inmediato reordenamiento institucional. A través de un acuerdo extraordinario dictado en Río Gallegos, la nueva conducción del máximo tribunal dispuso un severo paquete de medidas para transparentar las finanzas del Poder Judicial, controlar el ausentismo y congelar los nombramientos discrecionales.

 

La corte ordenó una auditoría financiera profunda sobre los ejercicios 2025 y 2026. La administración general deberá rendir cuentas detalladas del gasto en salarios, licitaciones de obras, contratos de alquiler y compras directas. En sintonía, el TSJ prohibió los ingresos de personal a dedo: de ahora en más, cualquier incorporación se resolverá mediante concursos públicos de antecedentes y oposición. Además, se revisarán todas las designaciones realizadas desde el año pasado.

 

Para combatir el atraso en los expedientes, los juzgados y cámaras de toda la provincia tendrán que elevar un inventario urgente de sus causas en trámite, priorizando aquellas con personas privadas de la libertad. Por otra parte, se exigió un informe detallado sobre los funcionarios que cobran haberes de la provincia pero desarrollan tareas o residen fuera de Santa Cruz, evaluando el impacto económico de estas comisiones.

 

Frente a las medidas de fuerza de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, el TSJ solicitó formalmente al Ministerio de Trabajo provincial el dictado de la conciliación obligatoria para frenar las huelgas y abrir una instancia de negociación. Finalmente, con el fin de normalizar la actividad en los tribunales, las autoridades convocaron a una mesa de trabajo al Directorio del Colegio de la Abogacía de Santa Cruz.

Autor: admin