Escuchar artículo

 

 

El Poder Judicial de Santa Cruz completó la renovación anual del Tribunal de Enjuiciamiento, el cuerpo de representación tripartita previsto por la Constitución provincial para juzgar a jueces, fiscales y defensores oficiales. Los nuevos miembros titulares quedaron definidos tras una serie de sorteos desarrollados en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

 

 

La presidencia del cuerpo recayó en el flamante titular del TSJ, Gabriel Contreras, quien tendrá como suplente a la vocal Paula Ludueña Campos. Por el sector de los abogados de la matrícula, el sistema informático seleccionó al caletense Daniel Emilio Aybar -actual titular del Juzgado Municipal de Faltas N° 2 de Caleta Olivia-, quedando el riogalleguense Ricardo Litvachkes como miembro suplente. En tanto, por el Poder Legislativo continuará la diputada provincial Adriana Nieto (Por Santa Cruz), al tratarse de la única integrante de la Cámara de Diputados que posee título de abogada.

 

 

Asimismo, se realizó el sorteo correspondiente entre los 22 jueces de primera instancia de la provincia para definir quién intervendrá en caso de que la acusación sea dirigida contra un miembro del propio Tribunal Superior de Justicia. Dicha responsabilidad recayó sobre el doctor Ludovico Pío Pala, titular del Juzgado de Instrucción y del Menor N° 1 de Puerto San Julián.

 

 

 

El Tribunal de Enjuiciamiento tiene la facultad de recibir denuncias de cualquier ciudadano, con el único requisito de contar con el patrocinio de un abogado matriculado. Al respecto, la presidenta del Colegio Público de la Abogacía, Diana Huerga Cuervo, destacó la transparencia del sorteo público y recordó que el mecanismo actual deriva de un amparo impulsado por los propios profesionales del derecho para democratizar el acceso al cuerpo.

 

 

Por su parte, la diputada Adriana Nieto ratificó su permanencia en el cargo hasta mayo de 2027 y adelantó que buscarán dar tratamiento a los expedientes acumulados en el último período. La legisladora también hizo mención a la encrucijada jurídica en torno a las leyes que regulan el funcionamiento del Jury.

 

 

Actualmente el proceso se rige bajo la histórica Ley 28, luego de que la Justicia declarara la inconstitucionalidad de la Ley 3859 sancionada en 2024. Esta última norma eliminaba el filtro previo de admisibilidad que posee el TSJ sobre las denuncias ciudadanas, una herramienta que desde el Ejecutivo y el sector oficialista consideran una barrera de protección corporativa. Frente a este escenario, Nieto confirmó que la Cámara de Diputados y el Gobierno provincial evalúan la viabilidad de apelar el fallo judicial o impulsar una vía alternativa para reformar el sistema de enjuiciamiento.

Autor: admin