Santa Cruz: sobreseyeron a 14 diputados e investigarán a Franco Mascheroni
La Justicia de Santa Cruz dictó el sobreseimiento total y definitivo de los diputados provinciales que habían sido denunciados por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales. La resolución, firmada por el juez Gerardo A. Giménez, sepultó la polémica en torno al artículo 35 de la Ley de Presupuesto 2026, el cual autorizaba el pago parcial de haberes a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) designados por la Ley 3949. El magistrado concluyó que los hechos denunciados son "manifiestamente atípicos", dejando en una posición de extrema debilidad institucional a la conducción del sindicato.
La causa penal se había originado por una presentación de Juan Franco Mascheroni, secretario general del gremio, contra la diputada Adriana Nieto y el bloque oficialista que acompañó la norma. Con acusaciones que iban desde el abuso de autoridad y malversación de caudales públicos hasta estafa y asociación ilícita, el dirigente pretendía criminalizar un debate parlamentario. Sin embargo, el juez Giménez fue categórico al desestimar el planteo, recordando que la sanción de una ley es un acto normativo de carácter abstracto y general protegido por la Constitución, y que los legisladores jamás ejercieron actos materiales de disposición o administración de fondos.
El fallo propinó además un duro revés al Ministerio Público Fiscal por haberle dado curso a un expediente sin una base jurídica suficiente. Giménez criticó abiertamente a los fiscales Federico Heinz y Analía Molina por apartarse de las normas que rigen su función y estirar el proceso de manera innecesaria. Por este motivo, ordenó remitir las actuaciones a la Secretaría de Superintendencia del TSJ para que evalúe las responsabilidades disciplinarias y funcionales de ambos agentes.
El escenario más complejo de la resolución recae sobre el propio denunciante. El magistrado consideró que atribuirle delitos graves a la actividad legislativa regular representó un uso indebido de las herramientas judiciales en el marco de una disputa sectorial. En consecuencia, dispuso enviar copias de todo lo actuado al fiscal de turno para que investigue formalmente a Franco Mascheroni ante la presunta comisión del delito de falsa denuncia. La resolución eximió de culpa y cargo a la totalidad de los legisladores imputados, dejando expresa constancia de que la causa no afectó su buen nombre ni su honor.
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