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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en la capital de Río Gallegos, dictó un fallo el pasado 29 de mayo de 2026 que reabre el debate sobre la aplicación de la suspensión del juicio a prueba -conocida como “probation”- en causas vinculadas al hallazgo de grandes volúmenes de estupefacientes. El caso analizado se remonta a la tarde del 21 de marzo de 2024 en un inmueble ubicado en la calle Rosa de Wilson al 1200, en la localidad de Puerto Deseado.

 

 

Durante el allanamiento realizado en aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad incautaron un total de 8,585 kilogramos de marihuana que se encontraban acondicionados en diferentes ambientes de la vivienda: ramas colgadas en un depósito a modo de tendedero, hojas sueltas en el sector de la cocina y una valija repleta de cogollos dentro de un dormitorio. En el mismo procedimiento, los agentes secuestraron una balanza de precisión, un elemento técnico que habitualmente sustenta las acusaciones por narcotráfico.

 

 

En primera instancia, los tres jóvenes involucrados —identificados como PE Gutiérrez, SA Mejuto y DD Salva— enfrentaban cargos graves bajo la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. No obstante, ante la falta de evidencias contundentes para probar en los tribunales la intención directa de venta, el fiscal general determinó modificar la tipificación penal del expediente a "tenencia simple". Al reducirse la escala punitiva del delito por este cambio de carátula, se habilitó legalmente la posibilidad de tramitar el beneficio de la probation. El convenio procesal fue articulado entre la defensa oficial y el Ministerio Público Fiscal, recibiendo la posterior homologación por parte del juez Luis Alberto Giménez, e impone a los tres procesados un régimen de conducta de cumplimiento obligatorio que se extenderá por el plazo de un año.

 

 

La resolución de la justicia fija que cada uno de los tres imputados deberá desembolsar la suma de 100.000 pesos en concepto de reparación económica. En el caso de Gutiérrez, el dinero se transferirá al Comedor Escolar de la Municipalidad de Pico Truncado; Salva destinará sus fondos a la Escuela EPJA N° 3 de esa misma localidad, mientras que Mejuto, quien fijará su domicilio en Salta Capital, definirá próximamente la entidad benéfica que recibirá su donación en mercadería o insumos. Se estableció además el cobro de una tasa complementaria de 225 pesos para cada uno, un monto fijado por los parámetros de la Ley de Drogas.

 

 

Asimismo, el fallo hace hincapié en la formación y las tareas comunitarias, obligando a los implicados que permanecen en la zona a concluir sus estudios de nivel secundario. Específicamente, Gutiérrez tiene la obligación de asistir a talleres de formación laboral y certificar su continuidad educativa, en tanto que Salva deberá cumplir con dos horas semanales de trabajo comunitario en las sedes de Cáritas y Mejuto cumplirá con aportes solidarios periódicos. Finalmente, las reglas de conducta ratificadas por el tribunal federal les prohíben de forma taxativa el consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, el abuso en la ingesta de bebidas alcohólicas y la portación de cualquier tipo de armas, bajo la condición estricta de no incurrir en nuevos delitos para evitar la revocación del beneficio.

Autor: admin