La causa que investiga el deceso de los bebés Lucca y Alexi en el Hospital de Alta Complejidad El Calafate – SAMIC, ocurridos los días 6 y 16 de abril respectivamente, ingresó en una etapa definitoria tras la reanudación de la actividad judicial. El fuero de Instrucción de El Calafate, a cargo del juez Carlos Albarracín, avanza en la recolección de pruebas fundamentales para determinar responsabilidades penales por presunta mala praxis médica.

En declaraciones a una emisora local, el abogado querellante Ignacio Alcántara -quien representa a las familias junto a Javier Postolki- confirmó que la Cámara de Recursos de Río Gallegos dejó firme la exclusión del Hospital SAMIC como parte querellante, lo que le impedirá el acceso directo al expediente. Asimismo, el letrado anticipó que la investigación derivará en breves lapsos en la citación de al menos tres profesionales en calidad de imputados o indagados.

Uno de los ejes centrales sobre los que se estructura la hipótesis acusatoria reside en los procedimientos de colocación de las vías de acceso vascular en neonatología. De acuerdo con lo señalado por la querella y los elementos recabados en el sumario interno del propio centro de salud, los métodos empleados habrían divergido de los protocolos internacionales. En uno de los casos, la medicación o sustancia administrada a través de una vía central habría derivado hacia el área cardíaca, provocando un paro cardiorrespiratorio.

Actualmente, el juzgado aguarda la entrega de dos medidas probatorias determinantes. Por un lado, tras la excusación de la médica local por su previo vínculo con el establecimiento, el informe médico forense quedó encomendado al Dr. Echandi en Río Gallegos, a quien la sede judicial acaba de intimar para que reporte los avances del dictamen sobre las historias clínicas y los parámetros vitales. Por otro lado, el cuerpo técnico del tribunal lleva adelante un peritaje informático con el fin de auditar los registros digitales, verificar la cronología de las intervenciones y descartar eventuales manipulaciones o borrado de datos en los sistemas del hospital.

En forma paralela, el Juzgado de Instrucción de El Calafate dio curso a un nuevo expediente penal contra personal del mismo nosocomio tras la denuncia presentada por la madre de un niño con síndrome de Down. Según detalló la querella, la investigación se inició por el delito de lesiones tras constatarse en la historia clínica una presunta sobredosis medicamentosa por mala prescripción, en el marco del tratamiento previo a una cirugía cardíaca a la que debía someterse el menor en Buenos Aires. Para los días 22 y 23 de agosto, la Justicia citó a declarar a tres testigos propuestos por la Fiscalía, previéndose la imputación formal de un profesional médico.