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La Cámara de Diputados de Santa Cruz rechazó la designación de Carlos Alberto Albarracín como juez de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos. La decisión dejó vacante una vocalía que permanece sin titular desde la jubilación del juez Joaquín Cabral, en febrero de 2025.

Albarracín había quedado primero en el orden de mérito del Concurso N.º 106, realizado por el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo. La terna se completó con Adriana Carolina Peralta, segunda en la evaluación, y Karen Neda Gordillo Sanuy. Vidal optó por Albarracín y envió su pliego a la Legislatura.

Durante la sesión, 13 diputados votaron en contra y 10 a favor. Entre quienes rechazaron la propuesta estuvieron los ocho integrantes de Unión por la Patria —José Bodlovic, Eloy Echazú, Carlos Godoy, Carlos Santi, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora y Elba Lorena Ponce—, además de Alfredo Martínez Alfaro, Mario Piero Boffi, Javier Jara, Daniel Peralta y Claudia Barrientos.

Una votación atravesada por la política

El rechazo también expuso diferencias dentro de los distintos espacios políticos. Javier Jara, diputado por Las Heras e integrante de MOVERÉ, votó junto con Unión por la Patria. Su postura se produjo luego de su salida del bloque Por Santa Cruz, en medio de las diferencias entre el sector de José María Carambia y el gobernador Vidal.

Otro de los casos que generó cuestionamientos fue el de Daniel Peralta, cuya cuñada, Adriana Carolina Peralta, integraba la terna y había quedado segunda en el concurso. El diputado había expresado previamente sus reparos a la elección de Albarracín y finalmente votó contra el pliego.

También llamó la atención el voto de Claudia Barrientos, integrante de Por Santa Cruz y referente política de Pico Truncado, quien se sumó al rechazo pese a formar parte del espacio oficialista.

El expediente y el futuro del tribunal

El proceso de selección había comenzado con la convocatoria del Consejo de la Magistratura y continuó con la evaluación de los postulantes hasta establecer el orden de mérito. La documentación oficial respaldó la realización del concurso y el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos.

Tras el rechazo legislativo, la vocalía continuará vacante y la Cámara deberá recurrir a mecanismos de subrogancia para completar su integración. La situación puede repercutir en la organización de audiencias, juicios y resoluciones de las causas que tramitan ante el tribunal.

La Legislatura deberá afrontar ahora un nuevo proceso político para avanzar en la cobertura del cargo, mientras permanece abierta la discusión sobre los fundamentos que llevaron a los 13 diputados a rechazar el pliego enviado por el Ejecutivo.

Autor: Javiera Nasser