La denuncia fue presentada por Ana Edith Bórquez de Fadul ante el juez federal Sebastián Ramos. Según su planteo, la familia perdió unas 30.000 hectáreas luego de una serie de operaciones vinculadas con un crédito del Banco de Santa Cruz, cuya ejecución terminó comprometiendo las tierras. La presentación sostiene que Báez tuvo un rol en ese proceso cuando se desempeñaba en el área de créditos agropecuarios de la entidad.

Asimismo, la denunciante pide reconstruir la intervención de otros actores, entre ellos Víctor Manzanares, Domingo Ortiz de Zárate y el entonces gobernador Néstor Kirchner. El expediente también incorpora la posterior adquisición de las propiedades por parte de Báez y la situación de Río Bote, que años después fue incluida entre los bienes cuyo decomiso había solicitado el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad.

La presentación sostiene que detrás de la pérdida de los campos pudo existir una coordinación de decisiones empresariales, bancarias y judiciales. Sin embargo, estos hechos forman parte de una denuncia y deberán ser investigados y acreditados por la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades penales.