El Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó una declaración mediante la cual calificó como “persona no grata” al diputado nacional Jairo Guzmán, luego de cuestionar su accionar durante un episodio ocurrido tras una entrevista en El Caletense Radio. La iniciativa fue impulsada por el concejal Carlos Aparicio y acompañada por Facundo Belarde, Juan Curallán e Iris Casas.

La resolución se dio en un contexto de creciente preocupación por la situación de los afiliados al PAMI en la región. Referentes de ATE, trabajadores petroleros, representantes de sectores jerárquicos y distintos centros de jubilados vienen manifestando reclamos vinculados con dificultades en el acceso a medicamentos, tratamientos médicos, profesionales, sillas de ruedas y derivaciones.

A estos planteos se suma la falta de designación de una jefatura formal en la agencia local del organismo, una situación que, según los sectores que participan de los reclamos, afecta el funcionamiento y la atención de los afiliados.

El cruce que derivó en la declaración

El conflicto tomó mayor dimensión luego de una entrevista radial en la que Guzmán mantuvo un intercambio verbal con personas que se encontraban reclamando por la situación del PAMI. Desde el Concejo Deliberante cuestionaron especialmente las expresiones que, según señalaron, estuvieron dirigidas hacia adultos mayores que participaban de los reclamos.

A partir de ese episodio, los concejales resolvieron avanzar con una declaración institucional de repudio y con la calificación de “persona no grata” para el legislador nacional.

Por su parte, Guzmán cuestionó la medida y sostuvo que el reclamo tenía un carácter “netamente político”. Además, consideró que la decisión adoptada por el cuerpo deliberativo tenía un alcance principalmente simbólico.

Las declaraciones del diputado fueron cuestionadas por el concejal Juan Curallán, quien defendió la decisión del Concejo y sostuvo que no se debería minimizar la problemática denunciada por los afiliados del PAMI.

Reclamos por las prestaciones del PAMI

Más allá del enfrentamiento político, la situación de las prestaciones del organismo continúa generando preocupación entre jubilados y organizaciones de la región. Los reclamos incluyen dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, además de problemas relacionados con derivaciones, atención de especialistas y elementos de asistencia.

En este escenario, representantes de distintos sectores vienen reclamando respuestas ante lo que consideran un deterioro en la atención de los afiliados.

La discusión también llegó al ámbito legislativo municipal, donde fue presentado un proyecto de declaración para solicitar que se establezca la emergencia administrativa del PAMI en todo el territorio de Santa Cruz.

La propuesta busca que se adopten medidas destinadas a normalizar el funcionamiento del organismo y garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la provincia.

De esta manera, la declaración contra Guzmán se suma a una serie de iniciativas y reclamos que tienen como eje la situación del PAMI en Santa Cruz y las dificultades denunciadas por jubilados y organizaciones que representan a los beneficiarios.