El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unidad Fiscal Río Gallegos y ordenó a la Municipalidad de El Chaltén restringir durante 90 días determinadas actividades en el Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI), ubicado en la costanera norte de la localidad.

La resolución fue dictada por la jueza Mariel Borruto, en el marco de una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal interino Julio Zárate, por una presunta infracción a la Ley 24.051. El objetivo de las medidas es evitar que una eventual contaminación detectada en el predio pueda extenderse hacia el río Fitz Roy y sectores naturales próximos.

Restricciones sobre el funcionamiento del predio

Durante el plazo establecido, el CARRI podrá continuar únicamente con tareas vinculadas al acopio, selección, compactación, acondicionamiento y transferencia de residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos.

En cambio, la Justicia ordenó suspender cualquier disposición final, enterramiento, quema, abandono, descarga o vuelco de residuos dentro del predio. También quedó prohibido el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales para su disposición o permanencia sobre suelo natural.

Asimismo, se dispuso la suspensión del lavado de camiones, mantenimiento mecánico y cambios de aceites o combustibles, así como de cualquier otra actividad que pueda generar hidrocarburos, grasas o efluentes sobre superficies sin impermeabilización ni sistemas de contención.

Aislamiento de sectores y retiro de sustancias

La resolución establece además que, dentro de las próximas 48 horas, deberán aislarse y señalizarse los sectores donde fueron encontrados recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas, además de las áreas donde se detectaron derrames y los puntos vinculados con las muestras tomadas durante la investigación.

Hasta su retiro definitivo, los recipientes deberán permanecer bajo cubierta, sobre una base impermeable y con sistemas de contención adecuados.

Por otra parte, en un plazo de diez días, los aceites usados, combustibles, emulsiones y recipientes contaminados deberán ser inventariados, envasados, rotulados y retirados del lugar por transportistas y operadores habilitados. La tarea deberá quedar registrada y realizarse bajo supervisión de la autoridad ambiental correspondiente y con conocimiento de la fiscalía.

Qué detectaron los peritajes

La investigación tuvo uno de sus principales avances el 26 de mayo, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina realizó un allanamiento en el CARRI y tomó muestras del suelo del predio. Durante el procedimiento fueron encontrados recipientes volcados que contenían aceite o una sustancia de características grasas.

El análisis posterior detectó la presencia de Material Extraíble con Hexano (HEM), utilizado para identificar grasas y aceites, tanto en muestras sólidas como líquidas. Además, en las muestras sólidas se registró resultado positivo para SGT-HEM, indicador utilizado para detectar hidrocarburos.

Según la hipótesis planteada en la investigación, la presencia de recipientes sobre suelo natural y sin impermeabilización podría favorecer la filtración de sustancias y su eventual llegada al río. En ese contexto, la fiscalía señaló que el almacenamiento inadecuado, la falta de sistemas de contención y la exposición a la intemperie serían compatibles con los resultados obtenidos en los análisis.

La medida busca preservar el ambiente y la investigación

El 10 de septiembre, luego de los peritajes, la Unidad Fiscal solicitó la medida cautelar con el objetivo de prevenir una eventual extensión de la contaminación sin disponer el cierre total del centro de residuos.

La Justicia también prohibió cualquier remoción, excavación, relleno, traslado o alteración del suelo y de los residuos ubicados en las áreas investigadas, salvo las tareas urgentes de contención o retiro autorizadas.

De esta manera, el CARRI continuará funcionando de manera restringida mientras avanza la investigación federal, con medidas destinadas tanto a prevenir un posible impacto ambiental como a preservar los elementos que puedan resultar relevantes para el expediente.