Península de Magallanes: el Gobierno defendió el proyecto y repasó sus antecedentes
La polémica por el proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes sumó nuevos elementos luego de que el Gobierno de Santa Cruz difundiera los antecedentes dominiales, ambientales y administrativos de la iniciativa. El Consejo Agrario Provincial (CAP) prepara además el expediente completo para remitirlo a la Cámara de Diputados, luego del pedido de informes aprobado por unanimidad.
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que las tierras involucradas en el proyecto pertenecen a privados desde la década de 1960 y que la Provincia interviene debido a que los inmuebles se encuentran dentro de un área natural protegida.
Un proyecto dentro de un área protegida
La Reserva Provincial Península de Magallanes fue creada en 1993 mediante la Ley Provincial 2316. Sin embargo, durante años existieron conflictos relacionados con las restricciones para desarrollar actividades en terrenos privados ante la falta de un instrumento definitivo que estableciera los usos permitidos.
Ese escenario comenzó a modificarse en 2022, cuando durante la gestión de Alicia Kirchner se aprobó, mediante el Decreto 303/22, el Plan de Gestión del Área Natural Protegida Península de Magallanes.
El documento establece las condiciones para las actividades dentro del área y determina que cualquier habilitación o permiso debe ajustarse a la normativa ambiental y quedar bajo control de la autoridad de aplicación.
El expediente comenzó en 2023
Según la documentación citada por el Ejecutivo, el proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro” figura dentro del Expediente CAP N.º 495.894/23. Es decir, su tramitación comenzó antes de la actual gestión provincial.
El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, explicó que la propuesta original tenía una escala mayor y no se ajustaba al Plan de Gestión. Por ese motivo, según señaló, el organismo solicitó modificaciones hasta llegar a un proyecto de menor dimensión y compatible con las normas vigentes.
La iniciativa actual contempla un complejo de 24 cabañas y hasta 60 camas sobre un predio privado de aproximadamente 20 hectáreas, con espacios comunes y senderos.
La excepción otorgada por Claudio Vidal
El punto que corresponde directamente a la actual administración es el Decreto 915/26, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre de 2026.
La norma estableció una excepción, por única vez, a una restricción prevista por el Decreto 994/17 para permitir la transferencia del inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada al desarrollo turístico.
El Gobierno sostiene que esta decisión no implica una venta de tierras fiscales ni elimina el régimen de protección ambiental. El propio decreto establece que la excepción queda limitada a esa operación y que el desarrollo deberá cumplir con las normas ambientales, territoriales y de conservación vigentes.
El Gobierno enviará la documentación a Diputados
Frente a los cuestionamientos surgidos en torno al proyecto, Garay confirmó que el Consejo Agrario pondrá a disposición de los legisladores los antecedentes técnicos, ambientales y administrativos.
“No hay nada oculto”, sostuvo el funcionario, quien defendió que el proyecto fue analizado dentro del marco normativo vigente.
De esta manera, la discusión en la Legislatura estará centrada en revisar el expediente y los antecedentes que derivaron en la autorización de la operación, mientras el Gobierno provincial busca remarcar que la propiedad privada de las tierras, el régimen de área protegida, el Plan de Gestión y la excepción otorgada en 2026 forman parte de distintas etapas de una cronología que comenzó varias décadas atrás.
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