La multitudinaria misa del papa León XIV, celebrada en el Monumento a los Españoles, en Palermo, generó una fuerte controversia por la instalación de carpas VIP destinadas a personalidades del espectáculo, empresarios y funcionarios. La situación provocó cuestionamientos en redes sociales y malestar en sectores de la Iglesia católica.

Mientras miles de personas llegaron desde distintos puntos del país y soportaron largas esperas bajo el sol, los invitados especiales contaron con espacios acondicionados, comida, bebidas y lugares cercanos al altar. Entre las figuras mencionadas estuvieron Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Flor de la V y Analía Franchín.

La indignación también alcanzó a voluntarios que colaboraron durante horas con la organización. Algunos denunciaron que debieron presenciar la ceremonia desde sectores alejados, mientras celebridades disfrutaban de ubicaciones privilegiadas. Las críticas apuntaron al contraste entre estos beneficios y el mensaje de humildad y cercanía con los más necesitados promovido por el pontífice.

El escándalo llegó al Congreso

En medio de la polémica, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, para conocer quiénes autorizaron los accesos VIP y cómo se financiaron los servicios especiales.

El legislador reclamó que se informe la cantidad de invitados, los criterios utilizados para seleccionarlos, los responsables de las acreditaciones y el costo total de la organización. Además, cuestionó las restricciones a periodistas que buscaban cubrir la celebración.

“¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”, expresó Paulón en sus redes sociales, donde también criticó a los gobiernos nacional y porteño por la organización del evento.

Cuestionamientos por una contratación millonaria

Otro de los puntos que generó controversia fue la contratación de la productora DF Entertainment. Según la documentación del sistema oficial COMPR.AR, la empresa presentó una oferta de 8.690 millones de pesos para servicios vinculados con la producción y coordinación de actividades de la visita papal.

El pedido de informes busca esclarecer los procedimientos de contratación, los proveedores involucrados y si los gastos fueron afrontados por el Estado nacional, el Gobierno porteño, la Iglesia o aportantes privados. También solicita conocer si existieron posibles conflictos de intereses.

La controversia continúa generando repercusiones, mientras persisten interrogantes sobre quiénes decidieron la distribución de los espacios exclusivos y quién financió sus comodidades. El episodio abrió un debate sobre los privilegios concedidos durante una celebración religiosa que convocó a miles de fieles de todo el país.