Hoy, martes 17 de septiembre a partir de las 18:00 horas en las instalaciones de la Sala Iris Bergero de la UNPA Río Gallegos, se llevará adelante una charla debate encabezada por la Unión de Juventudes por el Socialismo “La Caldera”:
La charla contará con la participación de Mariela Gamboa, licenciada en Trabajo Social que actualmente trabaja en Salud Mental, Cristian Márquez, técnico en Pedagogía y Educación Social y estudiante de Educación Especial y Juan Pablo Pescio, Lic. en Psicología que actualmente trabaja en el Penal Juvenil.
Durante la charla, denominada ·”La casta no son los pibes”, se abordarán una serie de temáticas que tendrán como eje principal la baja de imputabilidad de los menores de edad, proyecto que fue presentado tiempo atrás por parte del Gobierno Nacional en donde se argumenta que si los menores comenten “delitos de adulto” deberán tener una “pena de adulto”. El proyecto fue presentado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona y señala que los menores deberían ser condenados a partir de los 13 años, tres años menos que la tasa de imputabilidad actual (16 años).
“Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria y darle respuesta a la gente”, señalaron Bullrich y Cúneo Libarona durante la presentación de dicho proyecto.
Algunos de los puntos más destacados del proyecto de baja de imputabilidad de la llamada Ley de Régimen Penal Juvenil señalan que los menores deberán ser ubicados en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, por lo que no tendrán contacto con presos mayores de edad. Por otro lado, el proyecto asegura los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales al igual que señala que en aquellas penas de entre 3 y 6 años en las que no haya “existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas” el menor podrá optar por dicha sanción o una amonestación que consiste en la prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.
Por otra parte, establece penas máximas de 20 años que podrán ser revisadas al cumplirse dos tercios de su cumplimiento y penas más severas en caso de incumplimiento.
Por último, otro de los puntos importantes con los que cuenta el proyecto de baja de imputabilidad presentado por el Gobierno Nacional es la inclusión de la víctima, es decir, el cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal pero también por la víctima si ésta lo desea.
